El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado la ilegalidad del artículo 198.4 de la Ley de contratos del sector público que permitía a la Administración pagar las facturas a 60 días, contradiciendo lo dispuesto en la normativa comunitaria que establece un plazo de 30 días.
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Al juzgado de lo contencioso de Valladolid le plantean un procedimiento en el que tiene que aplicar un precepto que el Juez interpreta que puede ser contrario al Derecho de la unión europea y plantea lo que se llama "una cuestión prejudicial"
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El Tribunal de Justicia analiza la cuestión prejudicial planteada por un Juzgado de lo contencioso-administrativo de Valladolid y señala que: a) Por el retraso en el pago de cada factura, la Administración debe abonar 40 € por factura b) Que es ilegal el artículo 198 de la Ley de contratos porque establece un plazo de 30 días para la aprobación de la certificación y 30 para el pago, cuando la directiva dice que tienen que ser 30 en total 3) El iva también genera intereses aunque no se acredite el pago del mismo por el contratista.